ALIANZA MAR BLAVA CRITICA EL “DESVARÍO” DEL GOBIERNO SOBRE LAS PROSPECCIONES

La Alianza Mar Blava califica de “auténtico desvarío” la postura mantenida por el Gobierno central en el informe enviado al Govern balear por el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales al respecto de la “Proposición de Ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales”.

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En primer lugar, hay que aclarar que la Alianza Mar Blava, consciente de que esta Proposición de Ley (PL) propone la protección de las aguas del mar Mediterráneo y que la jurisdicción sobre éstas recae dentro del marco competencial del Estado español, se planteó seguir el trámite que recoge el artículo 87.2 de la Constitución españolai, el cual otorga a las Asambleas de las Comunidades Autónomas la capacidad de promover leyes en España.

Imagen: Alianza Mar Blava

Por ello, el pasado 18 de enero de 2017, la Alianza Mar Blava, en un acto celebrado en el Parlament balear, en presencia de responsables de la Consellería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern, planteó a todos los grupos del Parlament balear que asumieran como suya la citada Proposición de Ley y la tramitaran conforme se establece en la Constitución y en el reglamento de las Cortes Generales.

Tras la presentación y entrega de este texto por la Alianza Mar Blava a los grupos del Parlament balear, todos ellos (Partido Popular, Partido Socialista, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca y Mixto) registraron conjuntamente la iniciativa el pasado 16 de febrero, siendo ésta aprobada por unanimidad el 11 de abril. Con fecha 4 de mayo fue remitida a la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, para que iniciar su tramitación parlamentaria, donde ya fue calificada el 16 de mayo pasado por la Mesa del Congreso.

Es pues en las Cortes Generales, la única cámara que puede legislar sobre materias de competencia del Estado, donde se debe aprobar esta PL, y este es precisamente el procedimiento que se ha seguido. Por ello, es completamente absurdo que el Gobierno afirme que la PL “está viciada de inconstitucionalidad, por ser extraterritorial e invadir la competencia estatal sobre el mar territorial sin amparo Estatutario o competencial alguno” (informe del Ministerio de Fomento, incluido en la documentación remitida por el Ministerio de la Presidencia al Govern balear).

Imagen: Alianza Mar Blava

Sorprende igualmente que, tanto en el citado informe del Ministerio de Fomento como en otro del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD), también adjunto en la citada documentación del Ministerio de Presidencia, se cometa reiteradamente el error de considerar que esta PL es meramente una norma autonómica, de manera que se critica que la Comunidad Autónoma de Baleares se exceda en su ámbito competencial al pretender la PL abarcar todo el mar Mediterráneo sobre el que el Estado español ejerza jurisdicción y así, según el Ministerio de Fomento “excediendo por tanto el que pueda afectar a las Islas Baleares y viciando de inconstitucionalidad el texto por su evidente extraterritorialidad”.

En línea con el Ministerio de Fomento se posiciona el MINETAD, mediante un informe de la Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín, en el cual informa negativamente la PL argumentando que ésta «vulnera el reparto de competencias establecido en la Constitución Española, invadiéndose ámbitos competenciales de la AGE, se realiza una prohibición genérica de una actividad y carece de motivación suficiente».

Es cierto que las autorizaciones en materia de hidrocarburos en el Mar Mediterráneo son competencia Estatal y es por ello que, precisamente, el Parlamento de las Islas Baleares realiza una Proposición de Ley a las Cortes Generales, que son las competentes para aprobar dicha ley.

Imagen: Alianza Mar Blava

Por otro lado, el Gobierno central se equivoca cuando considera que la PL persigue una “prohibición genérica de una actividad” ya que lo que esta PL pretende es la protección del Mediterráneo con la exclusión de una actividad perjudicial (las prospecciones de hidrocarburos) en un área ambientalmente muy sensible. La PL no choca con la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos, lo único que hace es excluir un determinado territorio de la realización de determinadas actividades de alto impacto.

Ello tiene además adecuado encaje con la facultad que la Unión Europea reconoce que conservan los Estados miembros para determinar dentro de sus territorios respectivos las zonas en las que quedará autorizado el ejercicio de actividades de prospección, exploración y producción de hidrocarburos, en la Directiva de prospecciones, exploración y producción de hidrocarburos (Art. 2 de la Directiva 94/22/CE).

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