ALIANZA MAR BLAVA CRITICA LA PRÓRROGA A LA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS FRENTE A TARRAGONA

Alianza Mar Blava califica de muy decepcionante e incongruente la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) de conceder una segunda prórroga de 10 años a la concesión de explotación de hidrocarburos denominada «Casablanca», la más antigua de las cinco concesiones de las que disfruta la compañía Repsol en su plataforma petrolífera ubicada en el mar Mediterráneo, frente a las costas de Tarragona.

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Pese a lo que pretende transmitir el MITECO en su breve nota de prensa emitida tras la celebración del Consejo de Ministros de hoy, no era obligatorio legalmente para el Gobierno otorgar dicha prórroga, puesto que su concesión tiene carácter potestativo para éste. Y ello independientemente de que el solicitante (Repsol) cumpliese con los requisitos legal y reglamentariamente establecidos, como evidentemente no podría haber sido de otra manera.
Dado que no era legamente obligatorio para el Gobierno otorgar a Repsol esa nueva prórroga de la concesión de explotación «Casablanca», Alianza Mar Blava considera que la decisión del MITECO es totalmente incongruente con su supuesta voluntad de emprender una descarbonización profunda de nuestro sistema energético.
“La decisión adoptada hoy por el MITECO de alargar la explotación de hidrocarburos en el mar va en contra del espíritu de avanzar en la transición energética hacia un modelo descarbonizado, libre de combustibles fósiles, que tanto propugna ese ministerio”, manifestó Carlos Bravo, Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava.

Foto: Alianza Mar Blava

La decisión también resulta incoherente con el compromiso de lucha contra el calentamiento global del planeta y hace caso omiso a la petición del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas que recientemente ha urgido a la comunidad internacional a realizar urgentemente cambios “de gran alcance y sin precedentes” en el modelo energético y económico para así poder avanzar rápidamente y con éxito en la obligada transición hacia un modelo sostenible y profundamente descarbonizado.
Por otra parte, independientemente de la voluntad del Gobierno de querer seguir perpetuando en mayor o menor medida el modelo energético convencional, Alianza Mar Blava insiste en que el MITECO debería haber sometido el expediente de esta prórroga de explotación de hidrocarburos al trámite de evaluación de impacto ambiental.
El Tribunal de Justicia Europeo, en diversas sentencias emitidas desde 1998, ha establecido claramente que este tipo de procedimiento debe someterse a la obligación de evaluación ambiental que impone la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual es igualmente aplicable a los controles establecidos por la Directiva marco de protección del medio marino.
“El MITECO, en vez de innovar de forma sostenible, ha mantenido la “costumbre” de sus predecesores de otorgar estas prórrogas sin que se realizase ningún control ambiental al respecto. Esta práctica es contraria al Derecho de la Unión Europea y resulta especialmente grave cuando existe un riesgo de accidentes graves en la plataforma petrolífera que no se ha analizado mediante el procedimiento de evaluación ambiental. La necesidad de dicho control ha sido declarada por la jurisprudencia europea y en este caso, con los antecedentes existentes de vertidos de Repsol, es más que indicada”, añadió Bravo.

Foto: Alianza Mar Blava

En resumen, en opinión de Alianza Mar Blava, el MITECO ha cometido un grave error al ceder a las presiones de Repsol y a las advertencias de posibles reclamaciones patrimoniales. Esta Alianza reclamará el expediente de la decisión adoptada hoy en el Consejo de Ministros para poder analizarlo y estudiar las posibilidades de plantear un recurso contra dicha decisión.
Alianza Mar Blava, cuya misión es incrementar la protección del mar Mediterráneo y avanzar hacia una mayor sostenibilidad de nuestro sistema energético, es una plataforma intersectorial actualmente constituida por más de 120 miembros tanto de las Administraciones públicas (Govern balear, Consells insulares de Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca, diversos ayuntamientos de estas islas y el Ayuntamiento de Barcelona) como del sector privado (entidades de sectores económicos como el turismo, la pesca o el náutico) y de la sociedad civil (organizaciones sociales y ecologistas; sindicatos y otras instituciones públicas y privadas).

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